El sector agrario pide planificación y diálogo para asegurar la aceptación social de las plantas de biogás y biometano

La mesa redonda sobre “Responsabilidad social de las instalaciones de biogás/biometano” del 18º Congreso Internacional de Bioenergía, celebrada en el marco del Salón del Gas Renovable, puso el foco en el reto clave para el despliegue de estas tecnologías: la aceptación social en el medio rural.

Moderada por Javier Díaz, presidente de AVEBIOM, contó con la participación de Joan Batalla (SEDIGAS), Luis Puchades (AEBIG), Pedro Martín (UPA) y Donaciano Dujo (ASAJA). Todos coincidieron en que las plantas de biogás y biometano son una parte de la solución a los problemas de residuos, emisiones y despoblación, siempre que se ubiquen correctamente, respeten a los vecinos y repartan beneficios en el territorio.

Del potencial a los proyectos reales… y al debate social

Joan Batalla recordó que España ha pasado “de hablar solo de potencial a hablar ya de proyectos”: con 17 plantas inyectando biometano y más de 270 proyectos en tramitación o construcción, el sector empieza a despegar, aunque todavía lejos del ritmo de otros países europeos.

Subrayó los beneficios ya conocidos: gestión de residuos, contribución a la descarbonización, refuerzo de la soberanía energética y creación de empleo y riqueza en el medio rural. Pero advirtió que ya no basta con explicar las ventajas globales: lo que preocupa a los vecinos es si habrá olores, si pasarán camiones por el centro del pueblo o si la planta será una oportunidad real para sus explotaciones.

De ahí la importancia de lograr una “licencia social” que complemente la ya exigente licencia ambiental y administrativa.

“Estamos en el lado correcto de la historia”, pero hay que contarlo mejor

Luis Puchades fue contundente: el biogás y el biometano están “en el lado correcto de la historia”, porque combinan descarbonización, gestión responsable de residuos y apoyo a la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria.

Sin embargo, mostró su preocupación por el creciente activismo contra los proyectos y defendió que todo el sector debe “arrimar el hombro” en comunicación, especialmente hacia el medio rural. AEBIG considera estratégico que el biometano vaya “absolutamente de la mano del mundo agrario”: agricultores y ganaderos son quienes viven el territorio, generan los residuos y deben beneficiarse en primer lugar de las plantas.

UPA y ASAJA: sí a las plantas, pero con reglas claras

Las intervenciones de Pedro Martín (UPA) y Donaciano Dujo (ASAJA) confirmaron un mensaje clave: las organizaciones agrarias apoyan las plantas de biogás y biometano, pero no “a cualquier precio”.

UPA se mostró “totalmente a favor” del despliegue de estas instalaciones como herramienta para resolver el problema de los purines y otros residuos ganaderos y agrarios, generar empleo y fijar población en los pueblos. Pero señaló varios puntos críticos que hoy alimentan la oposición social:

  • Falta de información previa a vecinos y ayuntamientos: muchos se enteran del proyecto cuando ya está avanzado.
  • Concentración excesiva de proyectos en pocos kilómetros, sin planificación territorial.
  • Preocupación por olores, tráfico pesado y tipo de residuos tratados, especialmente cuando se mezclan residuos ganaderos con lodos de depuradora urbana o residuos de fuera de la comarca.

ASAJA, por su parte, defendió que las plantas deben ubicarse allí donde ya existe un problema real de gestión de residuos, como las zonas vulnerables por nitratos, y no en áreas agrícolas limpias o sólo porque haya una buena conexión eléctrica o gasista.

Dujo recordó que, solo en Castilla y León, el porcino genera millones de toneladas de purín al año y que, si se tratasen adecuadamente, podrían convertirse en fertilizante natural para una parte importante de la superficie agraria, reduciendo la dependencia de fertilizantes minerales importados. Pero fue claro:

  • Los pueblos no aceptarán que se usen sus comarcas para tratar lodos urbanos traídos de lejos.
  • Es imprescindible una ordenación clara y consensuada a nivel autonómico, que defina ubicaciones idóneas, distancias mínimas a núcleos de población y tamaños de plantas razonables.

En definitiva: “sí a las plantas de biogás y biometano”, siempre que haya coordinación, planificación y buena gestión.

Ubicación, aliados locales y reparto de beneficios

A partir de las intervenciones, se dibujó un consenso nítido:

  • La ubicación es decisiva: un proyecto mal emplazado está abocado al conflicto social o al fracaso administrativo.
  • Deben minimizarse las distancias entre las plantas y la generación de residuos para reducir tráfico pesado y emisiones asociadas al transporte.
  • Es clave implicar cooperativas agrarias, ganaderos e industrias agroalimentarias como socios o proveedores estables de materia prima, cerrando el círculo con la entrega de fertilizantes orgánicos a las explotaciones locales.

Como señaló Luis Puchades, cuando los agricultores y ganaderos de la zona participan en el proyecto, los beneficios se vuelven tangibles –ingresos adicionales, solución a los purines, fertilización más asequible– y la contestación social pierde fuerza, especialmente frente a plataformas impulsadas desde fuera del territorio.

Más comunicación y normativa que llegue a tiempo

Javier Díaz reconoció que el propio sector de los gases renovables ha llegado “algo tarde” al enfoque social de los proyectos y que se ha dejado espacio a mensajes erróneos o interesados. AVEBIOM, AEBIG y SEDIGAS coinciden en que hay que reforzar el trabajo conjunto con UPA y ASAJA para:

  • organizar jornadas, asambleas y visitas en los pueblos antes de que los proyectos estén cerrados,
  • explicar con claridad qué residuos se van a tratar, qué olores puede haber, cómo se gestionan los camiones y qué beneficios tendrá el municipio,
  • y acompañar a las administraciones en la definición de normas claras y realistas que ofrezcan seguridad jurídica tanto a los promotores como a los vecinos.

Díaz recordó que ya se están dando pasos en esa dirección con foros específicos sobre biometano orientados precisamente a explicar a la sociedad qué son estas plantas, qué ventajas aportan y cuáles son sus límites, con el objetivo de contrarrestar la desinformación y las informaciones tendenciosas que están alimentando una parte del rechazo social.

Además, los ponentes reclamaron una mayor implicación de las consejerías y del Ministerio de Agricultura, porque los proyectos de biometano son tan energéticos y ambientales como agrícolas: afectan directamente a la viabilidad futura de muchas explotaciones.

Un compromiso compartido desde el Salón del Gas Renovable

La mesa concluyó con una idea común: el despliegue del biogás y el biometano en España sólo será sostenible si se construye de la mano del campo y de los pueblos.

El sector del gas renovable, las organizaciones agrarias y las administraciones tienen ahora la oportunidad –y la responsabilidad– de ordenar el territorio, seleccionar bien los emplazamientos, diseñar proyectos ejemplares y explicarlos con transparencia. Solo así las plantas de biogás y biometano podrán consolidarse como lo que son en esencia:
una herramienta de economía circular para gestionar residuos, reducir emisiones y generar oportunidades en el medio rural, con la sociedad local como principal aliada y beneficiaria.

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